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¿Ha qué edad nos jubilaremos?
EMILIO ONTIVEROS
En el 2020, los mayores de 65 años representaremos algo más
de la quinta parte de la población española, frente a casi el 14% en 1990
y al 17% actual; los menores de 16 años, que suponían en 1990 el 21%,
serán entonces poco más del 15%. Esa tendencia al envejecimiento, aunque
más retrasada en España, es común al resto de Europa: dentro de veinte
años la población comprendida entre 25 y 50 años caerá desde los 139
millones actuales a 122 millones en el conjunto de los quince países que
hoy integran la Unión Europea. Con independencia de otras consideraciones,
las estrictamente económicas asociadas a la continuidad de esa tendencia
generan una razonable inquietud. La más sensible es la viabilidad de los
sistemas públicos de pensiones de los que depende una amplia mayoría de
europeos y, en menor medida, del aumento en el gasto sanitario: los
actuales 3,5 trabajadores activos por cada retirado europeo serán 2,5 en
el año 2020. Todo ello, en un contexto en el que no es razonable anticipar
aumentos de impuestos, ni una mayor proclividad de los gobiernos a
incurrir en abultados déficit presupuestarios.
¿La solución? No es fácil ni única. Prolongar la edad de jubilación
atenuaría la magnitud del problema, pero para ello sería preciso detener
esa oleada reciente de prejubilaciones: la proporción actual de
trabajadores europeos con menos de 60 años es significativamente inferior
a la de hace 40 años, a pesar de que la esperanza de vida ha aumentado en
aproximadamente 10 años en ese mismo periodo. Razones hay, también basadas
en la más estricta racionalidad económica, para cuestionar esa prematura
retirada, en muchos casos involuntaria, de miles de trabajadores cuya
productividad suele estar lejos del agotamiento.
Pero el aumento de la edad de jubilación requiere ante todo
significativas reducciones en el desempleo actual y esto será tanto más
fácil cuanto más garantizado quede el mantenimiento de un aceptable ritmo
de crecimiento económico. Así, si asumiéramos una tasa de crecimiento
media en Europa del 2,5%, nos encontraríamos con que, dado el descenso del
porcentaje de la población activa sobre la población total, en los
próximos 20 o 30 años, la demanda de trabajadores podría llegar a superar
la oferta, disuadiendo las jubilaciones o aumentando la demanda de
trabajadores en esa edad. Ello incluso podría ser compatible con la
reducción del número de horas de trabajo asociada a la presunción de
continuidad del progreso técnico.
¿Es posible crecer a ese ritmo en Europa durante las dos próximas
décadas? Algunas de las tendencias explícitas en el final de siglo
permiten albergar esa esperanza. La maduración de algunas de las
transformaciones que viene experimentando la economía mundial en los dos o
tres últimos lustros podría contribuir a la prolongación de las fases de
expansión, propiciando el aumento del número de países beneficiarios de la
bonanza. La cara buena del proceso de globalización es esa mayor
permeabilidad geográfica de los impulsos al crecimiento económico, a
través del comercio y de la inversión internacionales derivados de la más
rápida y barata difusión de la tecnología y de la más intensa movilidad
internacional de los capitales.
Un reciente informe de la OCDE (The Future of the Global Economy.
Towards a Long Boom?) advierte de que podríamos estar ante el inicio
de una muy larga fase de crecimiento, superior al promedio de las últimas
décadas, que se prolongaría más allá del primer cuarto de siglo; las
nuevas tecnologías, las nuevas formas de organización e incorporación del
conocimiento, jugarían un papel similar al de las más dinamizadoras
invenciones del siglo XIX. Si así fuera, existiría una clara oportunidad
para invertir la tendencia de las últimas décadas al aumento de la
desigualdad y de la exclusión y, desde luego, para ofrecer a aquellos que
lo desearan la posibilidad de prolongar su vida laboral más allá de los
límites actuales.
Con todo, a los que en el próximo cuarto de siglo podríamos alcanzar
esa edad no nos interesa sólo anticipar las posibilidades de extensión de
la actividad laboral, sino también conocer las condiciones en que podremos
ejercer esa opción: con qué tipo de organizaciones empresariales
coexistiremos, qué posibilidades existirán de difusión de esa sociedad del
conocimiento que previsiblemente dominará las condiciones competitivas de
las empresas, qué grado de accesibilidad tendrán las nuevas tecnologías,
cuáles serán las alteraciones más relevantes en la vida cotidiana, entre
otras. Si el arraigo de esas mejores perspectivas económicas es paralelo a
una mejora de la calidad del trabajo, a una división más enriquecedora del
mismo, es probable que estemos más cerca de compatibilizar dos objetivos
hoy difícilmente conciliables: las posibilidades de realización personal
de los maduros con el saneamiento de los sistemas públicos de pensiones.
Emilio Ontiveros es catedrático de Economía de la Empresa de la
Universidad Autónoma de Madrid.
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